A comienzos de la década de los 70 del pasado siglo, el Movimiento de Países No Alineados lanzó la iniciativa del proyecto para el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC). El posicionamiento del Tercer Mundo en contra del dominio de noticias de los países industrializados se entendía como un ataque al libre flujo de la información, la libertad de prensa era traducida como una vía de injerencia en la soberanía nacional y había un debate abierto sobre el papel del informador y sobre la contribución potencial de los medios para dar solución a los grandes problemas del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), confirió a una comisión presidida por el irlandés Sean MacBride la tarea de redactar un informe que se hiciera eco de esas reivindicaciones de los países subdesarrollados y fijara acciones encaminadas a establecer un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de la información y de la comunicación. Bajo el nombre de “Voces múltiples, un solo mundo”, este documento de alto contenido político e intelectual, vio la luz en 1980, estableciendo los principios, acciones y puntos de referencia obligada para ese NOMIC propuesto en el informe.
La relevancia del presidente de esa comisión, premio Nobel de la paz en 1974, y su trayectoria política en defensa de los desprotegidos del mundo sirvieron para que este documento fuese más conocido como “Informe MacBride”.
Entre los principales objetivos del informe figuraban eliminar los desequilibrios en materia de comunicación, suprimiendo los efectos negativos de los monopolios y otro tipo de concentración de la propiedad (pública o privada); fomentar la pluralidad en fuentes y canales informativos; ayudar a los países menos desarrollados para su autosuficiencia informativa; y colaborar en la defensa de los valores socioculturales de cada país.
El primer efecto que provocaron las críticas al sistema incluidas en el informe fue la salida de la UNESCO de Estados Unidos y el Reino Unido, dos de los principales miembros, aunque años más tarde ambos países volvieron al seno de este organismo. Los países ricos, favorecidos por el desarrollo tecnológico entendieron como amenazante una propuesta que promulgaba el derecho universal a acceder a las nuevas tecnologías y a emitir cualquier tipo de información. La administración republicana de Ronald Reagan censuraba toda iniciativa para eliminar desigualdades, pues veía siempre en ellas la mano oculta del comunismo de la Unión Soviética.
En la carta con la que el Secretario de Estado George Schultz comunicaba la decisión estadounidense al Director General de la UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, se calificaba el documento MacBride de hostil con la libre empresa y la libertad de prensa, además de criticar su gestión económica. Se podía interpretar claramente que era una decisión adoptada en defensa de los intereses de los grandes medios de comunicación y el sector norteamericano de las telecomunicaciones.
Con la salida del senegalés M'Bow de la UNESCO y el posterior regreso de Estados Unidos se reformularon las estrategias en materia de comunicación, abandonando el espíritu integrador del Informe MacBride. Las necesidades económicas, y la importancia de la contribución estadounidense, obligan a los dirigentes de la UNESCO a rebajar las exigencias de los países del Tercer Mundo en pos de la supervivencia de la organización.
Los postulados y recomendaciones contenidos en el documento elaborado por el Nobel irlandés y su equipo tienen absoluta vigencia, e incluso las desigualdades son mayores que en el momento que se redacto. La fuerza de los países subdesarrollados en la época que se emitió este informe, un mundo bipolar que enfrentaba a los Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivos aliados, es actualmente contrarrestada con la frontal oposición de los neoliberales, los grandes grupos de comunicación y los precursores de la globalización.
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